Ante los hechos del 13 de agosto en Caracas
Después del linchamiento mediático, pretenden linchar judicialmente a los activistas populares que defendieron la verdad revolucionaria
ANMCLA exige la inmediata liberación del compañero detenido y la desestimación de las órdenes de búsqueda y captura de activistas revolucionarios
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos
Caracas, 18 de agosto de 2009
Objetivo: la criminalización de la comunicación popular
Desde el comienzo del proceso constituyente bolivariano, la derecha y el imperio han planificado y orquestado innumerables operaciones de violencia encubierta y abierta para provocar reacciones de defensa del proceso de cambios por parte de sectores revolucionarios y promover el desgaste del gobierno y el proceso bolivarianos. Los objetivos de estas operaciones, orientadas a asegurar la criminalización de activistas y organizaciones populares y la división del campo revolucionario, habrían sido completamente infructuosos sin la participación decisiva de las empresas de comunicación opositoras como actores principales de la estrategia.
Mediante la activación de las tácticas de la mentira mediática, los medios han construido una y otra vez una versión virtual de los conflictos, para asegurar el linchamiento mediático de los y las defensores de la revolución. Para ello, han contado con la participación comprometida de activistas políticos a su servicio, quienes cumplen su papel de instigadores de la violencia y voceros de la mentira, bajo la mascarada de un carné de periodista.
Este patrón de actuación se vuelve a repetir en este caso, diseñado para garantizar la criminalización de los comunicadores populares de Avila Tv, que vienen respondiendo con coraje y efectividad creciente a las agresiones mediáticas de los medios contrarrevolucionarios y desenmascarando las conspiraciones de la ultraderecha.
Una operación cuidadosamente diseñada para provocar un clima de violencia en la ciudad, bajo el pretexto de la protesta pacífica, culmina en una provocación intencionada frente al Edificio Phelps de la Avda. Urdaneta, donde opera la televisora. La operación deriva en escenas de provocación y enfrentamiento, bajo el señuelo de una volanteada supuestamente pacífica, no casualmente protagonizada por “periodistas”.
La adecuada manipulación de las imágenes y el escándalo mediático inmediato asegura la intensidad del golpe: comunicadores y comunicadoras de Avila Tv y otros activistas del proceso son exhaustivamente señalados por los medios de la derecha como agresores unilaterales, mientras que los instigadores y agresores primarios desaparecen de la cobertura. En primer plano, emergen las “víctimas inocentes”, bajo la escandalosa etiqueta de “periodistas agredidos” – a pesar de que se encontraban realizando actividades de proselitismo político contrarrevolucionario, y sirviendo, en última instancia, de señuelos para la mentira mediática.
El director del conocido diario nacional Ultimas Noticias, acosado desde dentro del diario por su tibia adhesión al proceso revolucionario, señala que “todos” los agresores eran comunicadores de Avila Tv. Voceros del proceso, intimidados por la intensidad de la cobertura, validan en primera instancia el linchamiento mediático, aportando a la criminalización inicial de activistas revolucionarios que actuaban en defensa de la revolución y los avances promovidos por el gobierno bolivariano. El objetivo inicial se ha logrado: posicionar la mentira mediática y colocar a la defensiva a las instituciones bolivarianas, mientras que se criminaliza a comunicadores populares y activistas resteados con los cambios.
Al día siguiente de los hechos, funcionarios del Ministerio Público cómplices del plan se presentan en las instalaciones del Edificio Phelps, realizando interrogatorios intimidatorios e ilegales, y violando flagrantemente las garantías del proceso, que exigen la notificación previa para abrir un procedimiento. A pesar de que este procedimiento es anulado, el Ministerio Público sigue actuando bajo el guión opositor y la versión mediática de los hechos, al perseguir a los y las activistas que han sido singularizados con círculos por la prensa – protagonista y garante de la criminalización intencionada.
A pocos días de los hechos, una de las víctimas de la sentencia mediática se encuentra detenido en La Planta, y contra el resto de víctimas del linchamiento mediático se ha librado orden de busca y captura, a pesar de estar imputados por delitos menores (lesiones leves) – lo que viola su derecho constitucional a un juicio en libertad.
Las evidencias son incuestionables
Varios son los elementos que evidencian que se trata de una operación orquestada, que responde al patrón estratégico de pasadas actuaciones, y a la que de nuevo responde el gobierno y las instituciones estatales de acuerdo al guión trazado por la conspiración:
- la activación de diversos focos de guarimba y violencia de calle en el centro de Caracas, así como en otras ciudades, cuyo objetivo era asegurar la tensión y alerta de los sectores que participan activamente en la defensa del proceso revolucionario
- la intimidación y violencia ejercida por matones asociados al ultraderechista grupúsculo de Bandera Roja contra reporteros de Avila Tv que cubrían los disturbios en Caracas, y que incluyeron amenazas con armas blancas y agresiones directas
- la realización de una agresiva acción de provocación frente al edificio donde opera Avila Tv y otras instituciones bolivarianas, que era encubierta por la aparentemente inocente actividad de reparto de volantes por parte de “periodistas” de la Cadena Capriles
- la respuesta agresiva y de provocación de la violencia por parte de diversos activistas opositores a las intimaciones verbales realizadas por activistas revolucionarios, que defendían la recientemente promulgada Ley Orgánica de Educación y exigían que cesara la provocación asociada a la violencia que se había producido en lugares cercanos del casco histórico de Caracas
- la agresión y cerco inicial de algunos de estos activistas de ultraderecha contra reporteros de Avila Tv y otros activistas del proceso revolucionario que defendían las conquistas del proceso revolucionario
Un dato que refuerza la evidencia de la trampa es la ausencia de cobertura audiovisual del conflicto por parte de los medios de la derecha, como soporte para demostrar su versión unilateral de los hechos. Es la primera acción política protagonizada por periodistas de la derecha que no cuenta con cobertura exhaustiva en directo y la transmisión dramatizada asociada.
La única evidencia son fotos estáticas y manipuladas, acompañadas con escandalosos titulares y pies de foto criminalizantes, donde se singularizan actuaciones que en no pocos casos muestran actitud de confrontación verbal y no física por parte de las víctimas de la sentencia mediática. La posterior ampliación pone en evidencia el protagonismo de muchos de los periodistas de la Cadena Capriles en las agresiones.
El patrón constante de la desestabilización contrarrevolucionaria
Desde el inicio del proceso revolucionario, la práctica viciosa y beligerante de la comunicación de masas ha derivado en la construcción de matrices que presentan a campesinos y campesinas en reclamo por la tierra como criminales, a pobladores y pobladoras en reclamo por vivienda como asociaciones delictivas, y a comunicadores y comunicadoras populares como terroristas; mientras los terrófagos, los latifundistas urbanos y los medios y periodistas beligerantes de la derecha son presentados como víctimas.
Debido a su poder de manipulación y a la presión que ejercen sobre la opinión pública y sobre las instituciones del Estado, una y otra vez los medios opositores han logrado consolidar matrices de opinión que han servido de detonantes de actuaciones policiales y judiciales criminalizantes, respondiendo con precisión a los planes trazados desde los cuarteles de la desestabilización.
Esta fase complementaria de las estrategias de acoso a la revolución se deriva de la activación de operadores políticos opositores encubiertos en las instituciones de administración de justicia, que operan en articulación directa con los planes trazados por la conspiración contrarrevolucionaria. La actuación de fiscales y jueces, así como de sectores policiales, bajo las órdenes de la desestabilización, se ha puesto de manifiesto de manera permanente desde que el pueblo venezolano acabó con la hegemonía de la derecha, y enrumbó a la nación hacia la liberación popular, de la mano del comandante Hugo Chávez.
Como resultado de la debilidad del proceso revolucionario de consolidar instituciones y funcionariados inequívocamente comprometidos con el proceso de cambios, sectores populares y comprometidos con el proceso revolucionario han sufrido y siguen sufriendo persecuciones y procesos judiciales viciados, mientras que los crímenes y delitos de los verdaderos instigadores de la violencia estructural de nuestra sociedad permanecen en la impunidad, y los activistas de la violencia opositora desaparecen a un segundo plano.
Alertamos sobre el peligro que significa para los medios populares y alternativos que nuestro gobierno caiga ingenua o planificadamente en el chantaje mediático de la manipulación y la mentira, entregándole un arma a nuestro más perverso adversario al imputar a quienes defienden los espacios conquistados por nuestras luchas. No es descabellado pensar que será un placer para la oposición ir a provocar en nuestros territorios para ver con burla al día siguiente cómo nuestros compañeros son perseguidos y encarcelados.
Contra la criminalización de la comunicación popular. Activismo revolucionario
Contra la impunidad de los agresores contrarrevolucionarios
Contra el linchamiento mediático y la complicidad de la justicia
Exigimos la desestimación de las investigaciones contra los comunicadores populares y activistas criminalizados por sus actuaciones de defensa revolucionaria
Exigimos el cierre de todos los procesos judiciales contra activistas de la revolución agraria
y el fin de la impunidad del sicariato
Contra la mentira mediática: verdad revolucionaria y movilización popular
ANMCLA. Por todas nuestras luchas
